Educación asume las competencias de la Formación Profesional para el Empleo
¿No sabemos como se traducirá esto en nuestro sistema educativo?
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto-ley por el que se traspasan a la Consejería de Educación las competencias en Formación Profesional (FP) para el Empleo, hasta ahora gestionadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Esta decisión se enmarca en el proceso de integración de las dos modalidades de FP para el Empleo (la ocupacional para desempleados y la continua para trabajadores en activo) y la FP Inicial o reglada (la del sistema educativo), que la Junta viene desarrollando en los últimos años para implantar un sistema más accesible, flexible, individualizado y conectado a las necesidades del tejido productivo. De acuerdo con la norma aprobada, esta gestión única deberá atender a las orientaciones que seguirá marcando el SAE en relación con las demandas reales del mercado de trabajo en cada territorio.
Junto con la coordinación y gestión de la oferta formativa anual para personas ocupadas y demandantes de empleo, las competencias traspasadas a Educación incluyen también la formación a lo largo de la vida y los programas en alternancia como las escuelas taller, las casas de oficio y los talleres de empleo, así como la programación de los centros de formación profesional para el empleo, tanto propios como consorciados, y la gestión de las acreditaciones de competencias adquiridas por la experiencia laboral y por vías no formales.
El proceso de integración de la FP se inició en 2009 con un decreto que, además de fusionar las modalidades ocupacional y continua, incorporó los ‘Certificados de Profesionalidad’, que refuerzan el reconocimiento de los cursos con la posibilidad de su convalidación por la FP reglada. En este sentido, el Decreto-ley aprobado hoy establece mecanismos de coordinación entre Educación y el SAE para el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas en los cursos y en la propia experiencia laboral.
La FP para el Empleo en Andalucía señala como colectivos prioritarios a las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes, los trabajadores de pequeñas y medianas empresas y las personas con mayores dificultades de acceso al empleo, como las que presentan discapacidad, las desempleadas de larga duración, las mayores de 45 años y las víctimas de la violencia de género. Asimismo, se presta especial atención a los jóvenes que en los años de bonanza económica abandonaron prematuramente sus estudios para incorporarse a empleos poco cualificados y ahora están en el paro.
Esta decisión se enmarca en el proceso de integración de las dos modalidades de FP para el Empleo (la ocupacional para desempleados y la continua para trabajadores en activo) y la FP Inicial o reglada (la del sistema educativo), que la Junta viene desarrollando en los últimos años para implantar un sistema más accesible, flexible, individualizado y conectado a las necesidades del tejido productivo. De acuerdo con la norma aprobada, esta gestión única deberá atender a las orientaciones que seguirá marcando el SAE en relación con las demandas reales del mercado de trabajo en cada territorio.
Junto con la coordinación y gestión de la oferta formativa anual para personas ocupadas y demandantes de empleo, las competencias traspasadas a Educación incluyen también la formación a lo largo de la vida y los programas en alternancia como las escuelas taller, las casas de oficio y los talleres de empleo, así como la programación de los centros de formación profesional para el empleo, tanto propios como consorciados, y la gestión de las acreditaciones de competencias adquiridas por la experiencia laboral y por vías no formales.
El proceso de integración de la FP se inició en 2009 con un decreto que, además de fusionar las modalidades ocupacional y continua, incorporó los ‘Certificados de Profesionalidad’, que refuerzan el reconocimiento de los cursos con la posibilidad de su convalidación por la FP reglada. En este sentido, el Decreto-ley aprobado hoy establece mecanismos de coordinación entre Educación y el SAE para el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas en los cursos y en la propia experiencia laboral.
La FP para el Empleo en Andalucía señala como colectivos prioritarios a las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes, los trabajadores de pequeñas y medianas empresas y las personas con mayores dificultades de acceso al empleo, como las que presentan discapacidad, las desempleadas de larga duración, las mayores de 45 años y las víctimas de la violencia de género. Asimismo, se presta especial atención a los jóvenes que en los años de bonanza económica abandonaron prematuramente sus estudios para incorporarse a empleos poco cualificados y ahora están en el paro.
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